LEY DE PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Ley Longueira:

Un Atentado a la Soberanía Alimentaria de Chile

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Dada las últimas manifestaciones de los pescadores artesanales, las comunidades costeras y  del pueblo Mapuche Lafquenche en protesta al proyecto de ley de pesca, que actualmente se encuentra en su segundo trámite legislativo en la cámara del senado, es pertinente preguntarse si una ley de pesca afecta, en el cotidiano, al ciudadano común y corriente que no tiene intereses directos en la actividad económica, o si esta discusión es meramente respecto a cómo mejorar la administración pesquera, como distribuir las cuotas entre los sectores artesanal e industrial o sobre los mecanismos a utilizar para dar acceso a los escasos recursos pesqueros. Porque

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si bien es bastante amplio el consenso de que los recursos pesqueros son bienes nacionales, es decir de todos los chilenos, a pesar de que algunos diputados de la nación y el ministro Longueira crean que este planteamiento es inconstitucional[1], es un hecho que no todos los chilenos tienen el derecho a ejercer la extracción sobre ellos, ni sería prudente, en ámbitos de sustentabilidad, que lo tuvieran.

Cuando tomamos conciencia que la discusión respecto a los recursos pesqueros, que en el proyecto de ley son tratados como un bien privado, son de recursos naturales de la nación que constituyen alimento, y un alimento de alta calidad nutricional, fuente rica de proteínas, omega 3 y 6, con bajo contenido en grasas saturadas, podemos entender en qué sentido práctico puede afectar a la ciudadanía esta ley de pesca, tal vez en el sentido más cotidiano, y que afecta directamente a la salud humana, nuestra alimentación.

Entonces cabe preguntarse, en este sentido alimentario, ¿en qué puede afectar a la ciudadanía común, la privatización de las cuotas de pesca que plantea el proyecto de ley impulsado por el Ministro Longueira? Pues bien, las dudas en este sentido son múltiples: porque si los recursos pesqueros son entregados en propiedad a empresas cuyo objetivo, y en este caso no cabe duda de ello, es la maximización del lucro, ¿Cómo podremos direccionar sus capturas al mercado interno si nuestro mercado está muy lejos de entregarle las mayores rentas, como sí lo hace la exportación a la unión europea, específicamente España, o a los Estados Unidos? ¿Habrá que expropiarlos de los recursos de la nación?

Por otro lado, considerando que actualmente casi la totalidad de los recursos pelágicos (jurel, sardina, anchoveta) son destinados a reducción, es decir a molienda y secado para hacer harina de pescado para con ella alimentar chanchos, pollos y salmones, (como dato se necesitan7 Kilogramosde especies nativas para hacer crecer un kilo de salmón), ¿Cómo podremos impedir, o al menos regular, este poco digno fin de estos peces para priorizar el consumo humano directo?

Alguien podrá argumentar que de alguna forma estas inquietudes ciudadanas se pueden normar en favor de la nación, pero nadie puede prever la forma ni el interés de legislar o normar en un futuro en favor de la población, sobre todo si es respecto de los peces que ya tendrán dueño, el cual defenderá a toda costa la maximización de sus ganan

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cias, como lo ha hecho tanto en la tramitación de la presente ley, como históricamente en la ley de pesca de 1991 y del 2001, poniendo en acción un feroz lobby en el parlamento, financiando incluso campañas parlamentarias, pudiendo jactarse que siempre ha salido victoriosa y que Chile posee un marco legal hecho a la medida de sus intereses.

Por otro lado llama la atención la siguiente paradoja: en los supermercados el pescado más económico que podemos encontrar es el que es vendido como “blanquillo”[2], un pez de roca considerado de pesca fina que habita costeramente a lo largo del país, sin embargo estos filetes congelados que nos vemos tentados a adquirir provienen de Vietnam y su nombre es Pangasius el cual es cultivado masivamente en tierra con dudosos estándares sanitarios, (Estados Unidos rechaza las importaciones de este producto)[3].

Lo que está en juego con esta privatización es, ni más ni menos,la Soberaníade Chile, que tan bien se entiende a la hora de defender algo de territorio, marítimo o terrestre, o cuando se habla de la dependencia energética de Chile, pero partamos de lo más elemental: Tengamos al menos, la posibilidad de establecer políticas de fomento al consumo de pescado, privilegiando la entrega de cuotas periódicas a quienes privilegian artes de pesca selectivas y a quienes destinan las capturas a consumo humano directo para la población nacional. Estamos a tiempo para recuperar nuestra Soberanía Alimentaria con una nueva Ley de Pesca que defienda los intereses de la nación. No dejemos a merced del sector privado, lo que es esencial para la vida.

C
Autor: Gonzalo Olea S.

Biólogo Marino, Centro de estudios Pesca Sustentable


[1] http://www.radiodelmar.cl/rdm_2012/index.php/opinion/opinion-politica/1006-audio-longueira-diciendo-que-es-inconstitucional-que-los-peces-sigan-siendo-propiedad-de-todos-los-chilenos.html

[2] http://www.emol.com/tendenciasymujer/Noticias/2012/02/10/22291/Matias-Palomo-Valoremos-nuestra-pesca-y-nuestros-productos-del-mar.aspx

[3] http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120608/pags/20120608165553.html

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